Raúl Rodríguez Cortés C olumna Gran Angular

EL UNIVERSAL Escuadrones de la muerte

Cómo estarán las cosas que, en la actual coyuntura, lo mejor sería que se corroborara que los jóvenes masacrados en una fiesta de Ciudad Juárez fueron víctimas inocentes de matones del narcotráfico o de pandillas vinculadas a las mafias que lo controlan

Cómo estarán las cosas que, en la actual coyuntura, lo mejor sería que se corroborara que los jóvenes masacrados en una fiesta de Ciudad Juárez fueron víctimas inocentes de matones del narcotráfico o de pandillas vinculadas a las mafias que lo controlan. Le digo lo anterior porque lo escalofriante sería que se confirmara, como denunciaron organizaciones no gubernamentales de esa violenta localidad fronteriza, que los agresores sean integrantes de escuadrones de la muerte. Son grupos paramilitares (esto es, con preparación militar, pero sin estar enrolados en las fuerzas armadas) financiados por gobiernos o élites económica y políticamente poderosas, que asesinan impunemente para amedrentar a la población y, en casos extremos, llevar a cabo una especie de limpieza social. Supe de ellos y observé cómo operaban en El Salvador durante las largas coberturas informativas que realicé en ese país durante la década de los ochenta. Incluso su fundador en ese país centroamericano, El Chele Medrano —mentor del después tan temido mayor Roberto D´Abuisson, torturador documentado y fundador posteriormente del partido de ultraderecha ARENA— mucho influyó para que tuviera que salir del país ante sus reiteradas amenazas de muerte. Conocer su modus operandi me permitió corroborar que grupos similares participaron en las luchas contrainsurgentes de las dictaduras militares de Nicaragua, Guatemala, Brasil, Chile o Argentina. También me convenció de que los tuvimos en México durante la guerra sucia de los setenta y ochenta, el alzamiento del EZLN en Chiapas, durante los noventa y, más recientemente, en el estallido social de Oaxaca de 2005-2006. La masacre que vimos el domingo pasado en Ciudad Juárez tiene todo el tufo de una operación de escuadrones de la muerte. Acribillaron a jóvenes desarmados que no les opusieron resistencia alguna. Es muy poco verosímil que se nos diga que quien encabezó al comando asesino haya muerto al día siguiente en un enfrentamiento con militares. Parece una coartada para garantizar la impunidad en que se amparan. Y así, impunes, permanecen, prácticamente, las miles de ejecuciones ocurridas en esa localidad fronteriza desde hace tres años, cuando Felipe Calderón empezó el llamado Operativo Chihuahua, lapso en el que también se han denunciado desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Además muchas de las víctimas son jóvenes desempleados e insatisfechos. ¿Para qué, en este caso, los escuadrones de la muerte? Pues para amedrentar, para atemorizar, para desactivar la movilización social contra la crítica situación que el gobierno no ha sido capaz de solventar y para reforzar la militarización del país que, sólo de esa manera podría justificarse ante el fracaso de la estrategia anticrimen. Los siguientes pasos serán las reformas en materia de seguridad nacional que permitirán imponer estados de excepción y suspensión de garantías sin la autorización del Congreso. Instantáneas 1. EN PIE DE LUCHA. Los vecinos del conjunto residencial Tlalpan II —que se oponen a la construcción, a unos metros de sus viviendas, de una gasolinería autorizada por el delegado Higinio Chávez (PRD)— convocan a todos los habitantes de la demarcación a que se sumen mañana sábado a una movilización que exigirá poner alto a lo que llaman “autoridades abusivas que cada día nos ponen un pie en el cuello para beneficiarse y beneficiar a unos cuantos por encima de la ley”. La cita es en el monumento a El Caminero, en la confluencia de Viaducto Tlalpan y avenida Insurgentes. Chávez ha dejado crecer este problema, que podría convertirse en una verdadera avalancha. 2. CON LUPA. El delegado panista Demetrio Sodi se comprometió ante vecinos de Las Lomas a revisar cuidadosamente los permisos de construcción de la torre de cinco pisos que el Instituto Nacional de Perinatología pretende levantar para albergar su centro de investigación. Aunque los vecinos reconocen los beneficios comunitarios que la investigación médica tiene para la salud, les interesa diagnosticar claramente el impacto urbano de la obra, ya que el programa de desarrollo de la demarcación sólo autoriza a aumentar equipamientos de servicios sin ampliar áreas construidas.