Metrópoli
Presentan vecinos "pruebas" para demoler gasolinería en Tlalpan
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13 de marzo de 2010
Fernando López
Ciudad de México.- Habitantes de la Unidad Residencial Tlalpan II, que piden la demolición de la gasolinería de Insurgentes 4097, dieron a conocer que ya respondieron la demanda por la cantidad de 46 millones de pesos, que por daño moral interpuso en contra de 23 vecinos el propietario del Servicio El Tlalpense, Jorge Talavera Ugalde.
"Es una forma de amedrentarnos para que desistamos de continuar nuestra lucha, pero no lo haremos", dijeron, al tiempo de informar que la demanda fue hecha en contra de 23 vecinos a quienes les hace cargos por dos millones de pesos, por haber impedido que la gasolinería operara, por lo cual los dirigentes recurrieron al recurso del amparo.
En conferencia de prensa, la comisión de residentes del Conjunto Tlalpan II presentó pruebas documentales para considerar la clausura definitiva y demolición de la gasolinería que se construye a un lado de sus viviendas en Avenida de los Insurgentes Sur 4097, por las evidentes irregularidades en la manifestación de construcción presentada ante la delegación Tlalpan y aceptada por funcionarios de aquella demarcación. Por otra parte, Javier Méndez expresó que "el empresario promovente de la gasolinería habría querido sorprender incumpliendo con lo estipulado por la SEDUVI, que era la obtención previa al registro de la manifestación de construcción, del oficio de liberación de la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad, como lo afirma la PAOT".
El vocero de los vecinos destacó que la lucha no ha terminado y seguirán recabando más pruebas e interponiendo todos los recursos que sean necesarios "para terminar con el abuso que pretenden generar personajes con recursos económicos, probablemente coludidos con algunos funcionarios que desvían el objeto de su labor como servidores públicos, como es el caso de los de la Delegación Tlalpan, quienes aceptaron una manifestación de construcción sin haber cumplido al ciento por ciento con los requisitos".
La demolición de este proyecto, dijo Méndez, será la prueba de que las autoridades defenderán los derechos de los ciudadanos, incluso sus propios reglamentos que están siendo violados a la luz de las pruebas, que son contundentes.
Ciudad de México.- Habitantes de la Unidad Residencial Tlalpan II, que piden la demolición de la gasolinería de Insurgentes 4097, dieron a conocer que ya respondieron la demanda por la cantidad de 46 millones de pesos, que por daño moral interpuso en contra de 23 vecinos el propietario del Servicio El Tlalpense, Jorge Talavera Ugalde.
"Es una forma de amedrentarnos para que desistamos de continuar nuestra lucha, pero no lo haremos", dijeron, al tiempo de informar que la demanda fue hecha en contra de 23 vecinos a quienes les hace cargos por dos millones de pesos, por haber impedido que la gasolinería operara, por lo cual los dirigentes recurrieron al recurso del amparo.
En conferencia de prensa, la comisión de residentes del Conjunto Tlalpan II presentó pruebas documentales para considerar la clausura definitiva y demolición de la gasolinería que se construye a un lado de sus viviendas en Avenida de los Insurgentes Sur 4097, por las evidentes irregularidades en la manifestación de construcción presentada ante la delegación Tlalpan y aceptada por funcionarios de aquella demarcación. Por otra parte, Javier Méndez expresó que "el empresario promovente de la gasolinería habría querido sorprender incumpliendo con lo estipulado por la SEDUVI, que era la obtención previa al registro de la manifestación de construcción, del oficio de liberación de la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad, como lo afirma la PAOT".
El vocero de los vecinos destacó que la lucha no ha terminado y seguirán recabando más pruebas e interponiendo todos los recursos que sean necesarios "para terminar con el abuso que pretenden generar personajes con recursos económicos, probablemente coludidos con algunos funcionarios que desvían el objeto de su labor como servidores públicos, como es el caso de los de la Delegación Tlalpan, quienes aceptaron una manifestación de construcción sin haber cumplido al ciento por ciento con los requisitos".
La demolición de este proyecto, dijo Méndez, será la prueba de que las autoridades defenderán los derechos de los ciudadanos, incluso sus propios reglamentos que están siendo violados a la luz de las pruebas, que son contundentes.
